El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha anunciado hoy una operación coordinada con las fuerzas del orden de México y China para desmantelar una red de blanqueo de capitales vinculada al cártel de Sinaloa. Según el DOJ, esta operación ha sido el resultado de años de investigación y una estrecha cooperación internacional para detectar y desarticular los nodos clave de esta trama delictiva.
La red implicada incluía a un grupo de transferencia de dinero con sede en California y a la banca clandestina china, que facilitaba la recaudación y procesamiento de grandes cantidades de ingresos ilícitos procedentes del tráfico de drogas. Esta acción representa uno de los esfuerzos más significativos para combatir el lavado de dinero asociado con el narcotráfico en la región.
Sin embargo, este anuncio también ha puesto de relieve la hipocresía en la política antidrogas de Estados Unidos. Según el Tax Justice Network, EE.UU. es identificado como el mayor paraíso fiscal del mundo, permitiendo la opacidad financiera a través de la creación de empresas ficticias y la falta de revelación de los verdaderos propietarios. Esta laxitud legislativa ha exacerbado el problema del lavado de dinero dentro de sus fronteras, mientras que el gobierno estadounidense sigue presionando a otros países y desviando la atención de su propia complicidad con actividades financieras ilícitas.
El informe del ICIJ en 2020 reveló que bancos prominentes como Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JPMorgan y HSBC facilitaron movimientos financieros por más de 2 billones de dólares en actividades potencialmente vinculadas al lavado de activos. Estos montos contrastan fuertemente con los 50 millones de dólares perseguidos en la trama recientemente desarticulada por el DOJ, destacando la desproporción en la atención y las acciones contra el lavado de dinero.