El duque de Sussex sostiene que el organismo encargado de definir su protección conocía una amenaza registrada en 2023 y no la comunicó a su equipo de seguridad ni a autoridades estadounidenses.

Londres. El príncipe Harry elevó nuevamente la disputa por su seguridad en Reino Unido al acusar al organismo encargado de determinar la protección de miembros de la realeza y otras figuras públicas de no haber informado a su equipo sobre una amenaza de Al Qaeda detectada en 2023.

La acusación fue presentada por los abogados del duque de Sussex en una carta dirigida a la ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, en la que Harry pidió que la funcionaria intervenga personalmente en la evaluación de las medidas de seguridad que deben recibir él, su esposa Meghan Markle y sus hijos durante su estancia en el país.

De acuerdo con la versión expuesta por su equipo legal, el presidente del Executive Committee for the Protection of Royalty and Public Figures (RAVEC) habría tenido conocimiento de una amenaza vinculada con Al Qaeda, pero la información no habría sido transmitida ni a los responsables de seguridad de Harry ni a las autoridades estadounidenses, pese a que el príncipe residía entonces en California.

La información sobre la amenaza habría llegado finalmente al equipo de Harry a través de los servicios de inteligencia de Estados Unidos mediante los canales de cooperación de Five Eyes, la alianza de inteligencia integrada por Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Una disputa que comenzó tras el “Megxit”

El nuevo enfrentamiento se produce en medio de una prolongada batalla de Harry con las autoridades británicas por el nivel de protección policial que recibe cuando se encuentra en Reino Unido.

En 2020, después de que Harry y Meghan abandonaran sus funciones como miembros activos de la familia real y se trasladaran a Estados Unidos, el príncipe dejó de contar automáticamente con el mismo esquema de seguridad financiado por el Estado.

Desde entonces, Harry ha argumentado que su posición y el historial de amenazas contra él justifican una protección policial especial para sus desplazamientos en territorio británico. Incluso ha planteado la posibilidad de cubrir personalmente algunos de los costos, aunque las autoridades han sostenido que la protección policial no puede simplemente adquirirse de manera privada.

La disputa adquirió una nueva dimensión después de que un informe de seguridad elaborado para Harry concluyera que enfrenta un nivel de riesgo elevado en Reino Unido. El documento, divulgado por ITV News, identificó al menos seis amenazas o planes relacionados con el duque, incluidos casos vinculados con actores yihadistas y de extrema derecha.

El regreso de la familia vuelve a poner el tema bajo los reflectores

La acusación surge pocos días después del regreso de Harry y Meghan al Reino Unido junto con sus hijos, Archie y Lilibet, tras aproximadamente seis años de residencia en Estados Unidos.

La familia tiene previsto permanecer en el país durante un periodo prolongado y sus hijos comenzarán sus estudios en Reino Unido, aunque los detalles sobre su residencia y escuela se mantienen bajo reserva. Los Sussex no retomarán funciones oficiales como miembros activos de la monarquía.

El regreso coloca nuevamente la seguridad de la familia en el centro de la discusión pública, particularmente porque Harry sostiene que sus hijos podrían estar expuestos a riesgos que no enfrentan de la misma manera mientras permanecen en Estados Unidos.

Según un informe de seguridad citado por ITV, la Policía Metropolitana tiene identificados a cientos de posibles acosadores relacionados con miembros de la familia real y aproximadamente la mitad de los casos considerados amenazantes estarían relacionados con Harry, Meghan o sus hijos.

Una acusación que reabre el debate sobre la protección real

La controversia enfrenta dos posiciones: por un lado, Harry sostiene que las amenazas contra su familia justifican una protección estatal reforzada; por otro, el sistema británico establece que las medidas de seguridad para figuras públicas deben determinarse mediante evaluaciones específicas de riesgo.

RAVEC, organismo supervisado por el Ministerio del Interior e integrado por representantes de distintas instituciones, entre ellas la Policía Metropolitana y la Casa Real, es el encargado de tomar estas decisiones.

Por ahora, la acusación de Harry se mantiene como una denuncia presentada por su equipo legal y no como una conclusión oficial de las autoridades británicas sobre una supuesta decisión deliberada de ocultarle información.

El caso, sin embargo, vuelve a colocar en primer plano una pregunta que acompaña al duque de Sussex desde su salida de la familia real: ¿debe Reino Unido garantizar protección policial a Harry y su familia cada vez que regresen al país, aun cuando ya no desempeñen funciones oficiales?

La respuesta podría marcar un nuevo capítulo en una disputa que, seis años después del llamado “Megxit”, continúa enfrentando al príncipe con las instituciones británicas.

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