La socialista Francina Armengol presidirá el Congreso español, luego de conseguir mayoría absoluta en la sesión de este jueves 17 en la conformación de la XV Legislatura, con lo que el presidente Pedro Sánchez gana un primer pulso al Partido Popular (PP) en lo que se vislumbra aún como un camino largo e incierto para conformar un nuevo gobierno en España, luego de las elecciones del pasado 23 de julio (23J).

Este triunfo, que permite a los socialistas y a Sumar mantener el control de la Mesa Directiva del Congreso de los Diputados, se consiguió gracias al apoyo de las alas progresistas de los partidos, además de los votos de los independentistas catalanes de Junts y ERC, más el Partido Nacionalista Vasco, Bildu y los gallegos de BNG.

Los socialistas alcanzaron in extremis acuerdos por separado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts, que incluyen crear una comisión de investigación sobre el programa malware Pegasus que se utilizó para infectar y espiar a políticos independentistas, entre otros personajes.

La socialista Francina Armengol es la nueva presidenta del Congreso español

El acuerdo que impulsó el triunfo de la socialista Francina Armengol sólo se amarró a partir de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, registró formalmente la petición ante el Consejo Europeo –este mismo jueves 17, a las 8:18 hora española– para que el catalán (la lengua utilizada en Cataluña), el euskera (en País Vasco) y el gallego (en Galicia) sean lenguas cooficiales no sólo en España, sino en las instituciones comunitarias.

Así, si se aprueba la petición, el catalán, el euskera y el gallego serán idiomas cooficiales de la Unión Europea y podrán usarse en el Parlamento Europeo, los representantes políticos podrán dirigirse en esas lenguas en las instituciones comunitarias europeas y los documentos oficiales podrán ser traducidos también a esas lenguas.

Se busca, de igual forma, que esas lenguas se utilicen en las instituciones españolas, como en las Cortes (el Congreso de los Diputados y el Senado). El acuerdo incluye el compromiso de culminar la desjudicialización del conflicto catalán por las “vías legales necesarias”.