Ciudad de México, 5 de junio de 2025 — El Gobierno de México manifestó este jueves su rotundo rechazo a la decisión unánime de la Suprema Corte de Estados Unidos que desestimó una demanda presentada por el país latinoamericano contra fabricantes de armas estadounidenses. La querella, por un monto de 10,000 millones de dólares, responsabilizaba a dichas empresas de facilitar el tráfico ilegal de armas hacia México y de contribuir así al fortalecimiento de los cárteles de la droga y a la violencia armada que azota al país.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó mediante un comunicado su “profundo desacuerdo” con el fallo y reafirmó que continuará utilizando “todos los recursos legales y diplomáticos disponibles” para frenar el flujo de armamento ilegal desde territorio estadounidense.
“La lucha de México contra el tráfico ilícito de armas no termina con esta decisión. Presentamos argumentos sólidos que demuestran el daño real y cuantificable que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país”, subrayó la cancillería.
El fallo judicial se basa en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2005 por el Congreso estadounidense, que protege a los fabricantes de armamento de ser responsabilizados por el uso indebido de sus productos. La Corte Suprema, de mayoría conservadora, respaldó esta interpretación y declaró que la demanda mexicana “no alega de forma plausible que los fabricantes hayan ayudado o instigado directamente a los traficantes de armas”, en palabras de la magistrada Elena Kagan.
El origen del caso se remonta a 2021, cuando México decidió emprender acciones legales en un contexto de creciente presión por parte del entonces presidente Donald Trump para frenar el narcotráfico. Según datos del gobierno mexicano, entre el 70% y el 90% de las armas incautadas en escenas de crímenes en México provienen de Estados Unidos, a pesar de que en México la venta legal de armas está estrictamente regulada.
Durante los alegatos ante el máximo tribunal estadounidense, la representante legal del gobierno mexicano, Catherine Stetson, afirmó que alrededor de 600,000 armas cruzan ilegalmente la frontera cada año, y denunció que algunas compañías incluso diseñan modelos especialmente atractivos para el mercado mexicano, con nombres en español como “El Jefe”.
La decisión de la Corte Suprema establece un precedente legal al sentar jurisprudencia sobre la responsabilidad de los fabricantes en el comercio internacional de armas, lo que podría dificultar futuras demandas similares.
No obstante, la SRE recordó que este revés no afecta la segunda demanda presentada en 2022 ante un tribunal en Tucson, Arizona, dirigida contra cinco tiendas distribuidoras de armas, un caso que aún continúa en curso.
La violencia armada vinculada al narcotráfico ha dejado más de 480,000 muertos en México desde 2006, año en que el gobierno federal desplegó al ejército para combatir a los cárteles. El Gobierno mexicano considera que la responsabilidad no recae únicamente en los grupos criminales, sino también en quienes facilitan el acceso a las armas que alimentan esa violencia.
El fallo de la Corte llega en un momento delicado para las relaciones bilaterales, marcado por tensiones comerciales y por acusaciones desde Washington, especialmente del expresidente Trump, de que México no hace lo suficiente para combatir el tráfico de fentanilo.
Mientras tanto, México reafirma su postura: “Seguiremos luchando contra la violencia que amenaza la paz y seguridad de nuestras familias”, concluyó la SRE.