Francisco Ayala Borunda, ex presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 42 en Torreón, Coahuila, fue vinculado a proceso por su presunta participación en una red de corrupción que facilitó el otorgamiento irregular de alrededor de 3,000 pensiones a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) sostiene que el fraude ascendió a aproximadamente 3 mil millones de pesos.
Durante la audiencia inicial, el juez de control rechazó la solicitud de prisión preventiva justificada para Ayala Borunda y dos actuarios implicados, Raquel Andrea Hinojos Martínez y Christian Jesús Montelongo Reza.
En su lugar, se les impuso la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades y, a Ayala Borunda, se le prohibió salir del país, entregando su pasaporte como medida cautelar.
Según la investigación, abogados involucrados en la trama cooptaban jubilados, prometiéndoles mayores ingresos si demandaban conceptos que no les correspondían.
Funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje aceptaban estas demandas, aunque no tenían competencia para resolverlas, y funcionarios del Issste evitaban apelar las resoluciones, permitiendo que se concretaran los fraudes.
Entre 2011 y 2019, se estima que el Issste fue objeto de fraudes por más de 12,733 millones de pesos, con múltiples casos investigados en diversas entidades del país.
La Auditoría Superior de la Federación, el Issste y otras autoridades ministeriales identificaron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 42 como uno de los focos principales de estas actividades ilícitas.
La vinculación a proceso de Ayala Borunda y los actuarios implica una mayor vigilancia y responsabilidad en la administración de los recursos de las pensiones, subrayando la gravedad de los actos de corrupción que afectan a miles de jubilados y al erario público.