En una jornada clave para la seguridad del país, la reforma al artículo 21 de la Constitución Mexicana, que otorga facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), avanzó en el Senado tras ser aprobada por unanimidad en las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Seguridad.
Este cambio constitucional, promovido por el Ejecutivo federal, ha generado un amplio debate entre las diferentes bancadas del Senado. La mayoría de los legisladores, incluidos los de la oposición, han expresado su apoyo a la reforma, aunque con matices y ciertas reservas. Se destaca que este respaldo no debe interpretarse como «un cheque en blanco», sino como una apuesta por fortalecer la investigación criminal, uno de los pilares fundamentales en la estrategia de pacificación del país.
La morenista Beatriz Mojica, quien presentó la iniciativa en las comisiones, defendió el enfoque de la reforma como parte de una estrategia integral de seguridad. «Recibimos un país en llamas, un país que apostó todo a la violencia, a los enfrentamientos directos sin atender las causas», señaló la senadora. Según Mojica, la reforma tiene como propósito atender las raíces del problema de la violencia y no solo los síntomas, y destacó que la SSPC desempeñará un papel clave en la investigación de los delitos.
Por su parte, el senador Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN), también se mostró a favor de la reforma, pero subrayó la importancia de establecer salvaguardas democráticas en el uso de las nuevas facultades de investigación. «Es esencial que la investigación de los delitos sea una prioridad para pacificar al país, pero con una coordinación bajo un mando civil». Sin embargo, advirtió que el uso excesivo de estos poderes para espiar a opositores o periodistas podría convertirse en una práctica autoritaria que debe ser evitada.
Anaya destacó, además, que la clave para desmantelar las organizaciones criminales no es solo «descabezarlas», sino investigar a fondo para desarticular sus estructuras. En este sentido, se mostró optimista respecto a la capacidad de la SSPC para liderar estas tareas bajo la supervisión y los controles democráticos necesarios.
Por otro lado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, expresó su preocupación por el hecho de que los recursos federales destinados a la seguridad pública en los estados queden bajo la fiscalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Castañeda sugirió que, en lugar de depender de este organismo, la Auditoría Superior de la Federación debería asumir la fiscalización de dichos fondos, con el fin de evitar su posible manipulación con fines políticos.
A lo largo de la sesión, tanto los senadores de Morena como los de sus aliados destacaron los avances en la estrategia de seguridad durante los últimos años, tanto en el actual sexenio como en el anterior. Sin embargo, la oposición insistió en la necesidad de una evaluación más precisa de los resultados, particularmente en lo que respecta a la disminución de homicidios, que algunos legisladores consideran no está siendo reflejada correctamente por el gobierno.
Con la aprobación de esta reforma en comisiones, se prevé que el dictamen sea discutido en el pleno del Senado en los próximos días. La iniciativa, de ser ratificada, marcaría un cambio significativo en la estructura de la seguridad pública del país, con un énfasis renovado en la investigación y la colaboración civil en la lucha contra la delincuencia organizada.