La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha solicitado al gobierno mexicano que reevalúe su decisión de eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La ONU advierte que la desaparición de este organismo podría tener un impacto negativo significativo en los derechos constitucionales de los ciudadanos y potencialmente permitir injerencias arbitrarias o ilegales en su privacidad.

En un comunicado, la ONU señaló que la propuesta de reforma que busca disolver al INAI “reduciría el potencial del mecanismo de democratización del poder público en México” y debilitaría la capacidad del país para garantizar transparencia y protección de datos a nivel nacional e internacional. La ONU instó al gobierno a reconsiderar la eliminación del INAI y a explorar alternativas efectivas que aseguren la transparencia y la protección de la información personal de los ciudadanos.

Los representantes de la ONU subrayaron que la eliminación del INAI es particularmente preocupante debido a su papel en la defensa de los derechos fundamentales y su contribución internacional en la protección de datos. La ONU destacó que la reforma propuesta no especifica claramente cómo se redistribuirán las competencias del INAI, lo que podría resultar en una fragmentación de funciones y una aplicación inconsistente de las normas de protección de datos.

La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo asignaría la responsabilidad de promover y garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos a diversas entidades gubernamentales, en lugar de mantener un organismo autónomo dedicado a estas tareas. Según la ONU, esto podría llevar a una falta de coherencia y eficacia en la aplicación de las leyes de protección de datos personales, y aumentar el riesgo de violaciones a la privacidad.

Además, la ONU destacó que la reforma podría afectar la posición de México como líder en la protección de datos a nivel global, al eliminar un organismo clave en la supervisión y garantía de estos derechos. La propuesta, actualmente en revisión en el Congreso de la Unión, plantea un riesgo de debilitamiento en la implementación de las normas de protección de datos, lo cual podría tener repercusiones graves en la privacidad de los ciudadanos mexicanos.

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