El torneo de la Liga BBVA Femenil concluyó esta semana, pero fuera de la cancha se inició una nueva temporada. El Senado impulsa modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para establecer un salario base para futbolistas en la categoría femenil y varonil y, de esta manera, cerrar la llave a la desigualdad en remuneraciones entre hombres y mujeres deportistas.
El dictamen ya fue aprobado en comisiones de la Cámara Alta, y aunque aún está pendiente de votarse en el pleno, hay intención de los legisladores por avanzar en la reforma. Las propuestas que se dictaminaron fueron promovidas por todas las fuerzas políticas.
“El principio de este documento es eliminar la discriminación y disminuir la brecha de desigualdad. Lo que más me encanta del futbol femenil es que no hacen drama, no se tiran al suelo por tirarse, son unas guerreras y una valientes, pero hay unas cosas aquí que tenemos que afinar”, expuso la senadora Martha Lucía Micher, presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, en un encuentro con directivos de diversas ligas femeniles de deportistas.
Aunque la modificación legal no se limita sólo al futbol femenino, pues también impacta ligas como la de béisbol y cualquier deporte donde haya “una relación de trabajo obteniendo una remuneración económica por su práctica”, la liga femenil de fútbol es la tercera a nivel mundial en su categoría con más asistencia promedio y cuenta con la mayor cantidad de equipos en competencia, por lo que sería la que tendría mayor alcance con la reforma.
¿Qué se plantea en el dictamen?
Establecer un salario base para futbolistas mujeres y hombres, el cual será determinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.
Considerar violatorio del principio de igualdad salarial cualquier disposición que permita fijar sueldos base para trabajos iguales.
Permitir que el salario base cuente con aportaciones adicionales derivadas de la categoría de los eventos o funciones, de los equipos o de la experiencia en el deporte profesional.
Obligación de los empleadores de inscribir y aportar a la seguridad social de los deportistas.
Derecho a un día de descanso por semana, sin que se pueda disminuir el salario.
Acceso a servicio médico privado especializado a cargo del empleador.
Obligación de los equipos deportivos de contar con reglamentos y protocolos que atiendan la discriminación de género y violencia en el trabajo.
Los empleadores están obligados a garantizar el ejercicio de los derechos laborales individuales y colectivos.
“Esta iniciativa surgió de la inquietud que hemos recibido de senadores de todos los grupos parlamentarios respecto a cómo mejorar y establecer una política de Estado en desarrollo del deporte en México que sea justa, equilibrada, que no permita la desigualdad”, señaló el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Los esfuerzos de México por cerrar la brecha salarial en el fútbol y otros deportes se suman a las medidas que han tomado otros países en esta materia. Noruega fue el pionero en igualdad salarial, en 2017 la Federación de Futbol igualó la remuneración de las futbolistas que representan al país con la de los seleccionados masculinos.
Medidas que impulsa el Congreso para regular los salarios de futbolistas
El año pasado, la Federación de Fútbol de Estados Unidos anunció igualdad salarial entre seleccionadas mujeres y hombres, este acuerdo con las jugadoras fue acompañado de una indemnización de 24 millones de dólares para compensar la discriminación salarial de los últimos años.
¿Qué propone la Liga MX Femenil?
La Liga Mx Femenil reconoció en un comunicado que “existe una deuda histórica y social en nuestro país respecto a lograr un piso parejo para las mujeres en diversos ámbitos laborales (no sólo en el deporte)”, y solicitó una mesa de diálogo para exponer sus planteamientos e ideas en torno al proyecto.
Hace unos días, los representantes de la Liga Femenil entregaron sus propuestas a los legisladores para modificar el dictamen. Entre los cambios que se plantean destacan:
Eliminar la obligación especial de garantizar el ejercicio de derechos individuales y colectivos puesto que la disposición legal ya existe y reiterarla “en este momento puede generar situaciones de confusión y conflicto con federaciones internacionales de deportes –como la FIFA– que pueden incluso ocasionar que la correspondiente federación mexicana sea sancionada y/o suspendida”.
Inscribir y aportar a la seguridad social de la persona deportista o en su defecto, dar acceso a un servicio médico privado especializado. La selección del servicio recae preferentemente en la o el deportista.
Mecanismos de incentivos fiscales o relacionados con las obligaciones de contribución a la seguridad social para las organizaciones deportivas que demuestren acciones concretas que hayan logrado reducir la brecha salarial.
Modificar los códigos penales para tipificar el acoso digital.
Ésta no es la primera vez que la brecha salarial en el futbol mexicano se encuentra en la discusión pública. En 2021, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionó a 17 clubes deportivos y a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) con una multa de 177.6 millones de pesos.
La Cofece impuso la sanción luego de confirmar que en la Liga MX, los clubes —que también son empleadores— acordaron imponer topes máximos a los salarios de las futbolistas que profundizaron la brecha de remuneraciones entre mujeres y hombres, además de impedirles a las futbolistas negociar y contratarse libremente en nuevos equipos.
Se detectó que las jugadoras mayores de 23 años percibían hasta 2,000 pesos por mes; las menores de 23 años, hasta 2,500 pesos mensuales y un curso de formación profesional; las futbolistas de la categoría Sub-17 jugaban por puro amor al deporte, pues no tenían sueldo, sólo ayuda para transporte, estudios y alimentación. En 2018 la Liga intentó revertir esta disparidad e incrementó el tope a 15,000 pesos.
“La práctica, cuya duración fue de noviembre de 2016 a mayo de 2019, constituyó un acuerdo colusorio entre los Clubes que tuvo el objeto y efecto de manipular los precios —en este caso los salarios de las jugadoras— y evitar que los clubes compitieran por su contratación mediante mejores salarios, lo que no solo repercutió negativamente en su ingreso, sino también tuvo como consecuencia ampliar la brecha salarial por razón de género”, expuso la Cofece en ese momento.