El estado de Florida se encuentra inmerso en una crisis laboral tras la entrada en vigor de la controvertida ley migratoria SB17-18, impulsada por el gobernador Ron DeSantis.
La normativa, diseñada para frenar la inmigración ilegal, ha generado una serie de efectos adversos en la economía y la industria del estado, desatando el temor de una pérdida significativa de mano de obra.
La ley obliga a las empresas con más de 25 empleados a utilizar un programa para verificar el estatus migratorio de sus trabajadores, bajo amenaza de multas y retirada de permisos en caso de incumplimiento.
Esta medida ha generado preocupación entre diversos sectores, especialmente aquellos que dependen en gran medida de trabajadores indocumentados.
Según estimaciones de una ONG local, sectores de mano de obra intensiva podrían perder hasta el 10% de su personal debido a la ley migratoria. Agricultura, construcción y turismo, que son pilares fundamentales de la economía floridana, se ven amenazados por la falta de trabajadores disponibles.
La Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y otros grupos de derechos civiles han presentado una demanda contra la administración de Ron DeSantis, con la esperanza de frenar la aplicación de la normativa.
Florida se queda sin empleados por polémica ley migratoria de Ron DeSantis
Alegan que esta ley afecta no solo a los inmigrantes indocumentados, sino también a toda la comunidad, generando temor de persecución y deportación entre aquellos que aún permanecen en el estado.
La situación se agrava con la criminalización del transporte de migrantes indocumentados hacia Florida, lo que ha provocado un éxodo de trabajadores y un vacío en los sectores antes mencionados. Incluso aquellos que han construido sus vidas en el estado durante años, sin tener un visado legal, enfrentan obstáculos en su día a día debido a la nueva legislación.
La asociación de ayuda a migrantes señala que incluso el acceso a servicios básicos como la atención médica se ha vuelto más complicado, ya que los hospitales ahora deben preguntar sobre el estado migratorio de los pacientes. Esta medida ha generado preocupación y temor entre aquellos que tienen familiares con problemas de salud, temiendo que sus desplazamientos para recibir atención puedan conllevar problemas legales.
El impacto económico de la ley SB17-18 es significativo, y se estima que podría alcanzar pérdidas de hasta 12 mil millones de dólares en el Producto Interno Bruto del estado, lo que representa el 1.1%. La dependencia de Florida de trabajadores indocumentados es evidente, y la incertidumbre creada por la nueva normativa está generando vacantes en sectores cruciales, sin que nadie se presente para ocupar esos puestos.